La situación de las pequeñas y medianas empresas ante la nueva normalidad generada por el coronavirus se ha visto afectada en relación con el tema de la contratación pública.

Las empresas proveedoras en los contratos públicos han presentado dos grandes efectos negativos en esta época, una parálisis de las actividades de las empresas por el coronavirus y las medidas que han tomado las Administraciones Públicas y empresas contratistas que dan como resultado la deficiencia en los pagos y acumulación de la deuda.

Pero, la situación de las empresas contratistas y subcontratistas es la iliquidez, factor que ha ocasionado que tengan que recurrir a financiación ICO, para cancelar las facturas no cobradas, lo cual revela un incremento en los costes.

Para que el sistema funcione las Administraciones Públicas deben garantizar su pago dentro del plazo estipulado para que el flujo de capital se mantenga en toda la cadena y no se presente una ruptura.

Por medio de un manifiesto firmado por treinta organizaciones en representación de las empresas y autónomos se pidió actuar a las Administraciones en tres temas fundamentales: «mantener las cadenas de contratación pública», «asegurar los circuitos de pago» y detener la «división de los contratos en lotes.

Fuente: Cdecomunicacion.es