El consejero de Transición Ecológica de Gobierno canario, José Antonio Valbuena, llevó este mes al Consejo de Gobierno, una propuesta sobre la Ley de Cambio Climático, en la que se establece un mayor compromiso por parte, no solo de las entidades del Estado, sino del sector público, a cuidar el medio ambiente.

El borrador Legislativo en su artículo 25, señala en relación a la contratación de obras públicas, con los oferentes autónomos y el sector privado que: «promoverán la sostenibilidad energética y medioambiental mediante los instrumentos de contratación pública, de acuerdo con los objetivos de la presente Ley y dentro del respeto a los principios de libertad de acceso, transparencia, igualdad entre hombres y mujeres, objetividad y eficiencia».

Con esto se modificaría la manera en que los contratos de obras, suministros y servicios se han venido dando. En tal caso, los criterios de las licitaciones varían conformes a dicho compromiso y en pro del medio ambiente: «Como mínimo, deberá contener como criterio de valoración objetiva la huella de carbono asociada al contrato objeto de licitación. En caso contrario, los pliegos deberán justificar motivadamente la no inclusión de otros criterios».

Dicho documento contempla la evaluación y rigurosidad en los procesos de adjudicación para establecer mecanismos de protección: «como criterio de valoración, la inscripción de los licitadores en el Registro Canario de la Huella de Carbono cuando acrediten mediante la verificación de dicho registro la reducción o compensación de sus emisiones».

El documento también recoge el sector de combustibles fósiles, ante los cuales tendrán un control específico para la contratación pública. Con esto se pretende estar a la vanguardia y ser un referente para otras comunidades.